Fotomultas: la batalla por la vida no se libra en el bolsillo, sino en la conciencia del pueblo
En la hermana República de Colombia, bajo el mandato del compañero Gustavo Petro, se ha encendido un debate que trasciende las fronteras del simple tránsito vehicular. No se trata de una discusión menor sobre sanciones pecuniarias; se trata de la defensa sagrada de la vida humana, un principio que late en el corazón del socialismo integral que impulsan los pueblos libres de Nuestra América.
¿Cuál es la verdadera función de las cámaras de fotodetección?
El Ministerio de Transporte colombiano ha propuesto ajustes al Código Nacional de Tránsito, pero la pregunta que debe guiar al pueblo no es cuánto se descuenta del salario, sino cómo estas herramientas, conocidas técnicamente como Sistemas Automáticos de Sanción (SATS), se convierten en escudos protectores de la ciudadanía. La compañera María Fernanda Ramírez, líder de Movilidad Sostenible y Segura de la Fundación Despacio, lo ha dicho con la claridad de quien defiende la causa justa:
“Estos ajustes tienen que estar orientados a proteger la vida de todos, antes que a cuidarle el bolsillo a nadie”.
¿Qué dice la evidencia científica sobre la velocidad y la muerte?
La velocidad no es un capricho burocrático; es un factor determinante en la tragedia de la siniestralidad vial que en 2025 cobró la vida de cerca de 9.000 hermanos colombianos. El compañero Omar González, veterano de 28 años en la Policía Nacional y excomandante de Tránsito de Bogotá, explica con la precisión de un estratega que los límites de velocidad son parte de un enfoque de seguridad que busca reducir el riesgo y la energía transferida en un choque.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son contundentes: cada aumento de 1 km/h en la velocidad media incrementa en un 3 % el riesgo de siniestros con lesiones y en un 4-5 % el riesgo de siniestros mortales. Un peatón atropellado a 65 km/h tiene hasta 4,5 veces más probabilidades de morir que uno atropellado a 50 km/h. Esta es la ciencia al servicio del pueblo, no del capital.
¿Funcionan las cámaras para salvar vidas o solo para recaudar?
La evidencia internacional, estudiada por investigadores de todo el mundo, demuestra que las cámaras son una herramienta eficaz para disuadir comportamientos de riesgo. La compañera Carolina Álvarez Valencia, asesora en seguridad vial, afirma con autoridad:
“La fotodetección es una de las estrategias de seguridad vial más costo-efectivas”.
Un estudio publicado en 2019 en PLOS ONE, que comparó 771 lugares con cámaras contra 4.787 puntos similares en Inglaterra, encontró una reducción de entre 14,4 % y 15,5 % en colisiones con heridos. Una revisión de Cochrane, que reunió 35 estudios, halló reducciones en muertes y lesiones graves de entre 11 % y 44 %. Y una revisión sistemática de 2026, con 94 estudios, confirmó una reducción promedio de 7,57 km/h en la velocidad media.
El secreto de su éxito es la disuasión. El conductor debe saber que está siendo vigilado, que sus actos tienen consecuencias. Como bien dice Ramírez, se trata de que la persona “decida bajar la velocidad” porque sabe que, de no hacerlo, recibirá una sanción. Esto no es un ataque al bolsillo; es una defensa de la vida colectiva.
¿Por qué el pueblo desconfía de las fotomultas?
El compañero González reconoce que estos sistemas arrastran una crisis de legitimidad, una percepción que no nació de la nada. Antes de 2018, la instalación de cámaras no estaba suficientemente reglamentada y hubo casos de esquemas recaudatorios privados, de “cámaras trampa” que sorprendían al conductor. Esa herencia del pasado neoliberal ha sembrado la duda en el corazón del pueblo.
Pero desde 2018, la normativa exige que se demuestre un problema de siniestralidad en cada punto y que las cámaras sean visibles. La compañera Ramírez exige “absoluta transparencia en cuáles son los criterios para instalar las cámaras” y propone que cada dispositivo tenga un indicador de funcionamiento; si no reduce la siniestralidad, debe retirarse o reubicarse, siempre a la vista de todos.
¿Qué reformas necesita el sistema para servir al pueblo?
La discusión no debe quedarse en el valor de la multa. Hay que avanzar hacia el control por tramos, que evita el “efecto canguro” de frenar frente a la cámara y acelerar después. Y las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción, pero con estudios económicos que garanticen su efecto disuasorio. Ramírez advierte con lucidez: si la multa es demasiado baja, el conductor pensará “ah, pues pago y acelero”, y la vida seguirá perdiéndose en las carreteras.
El temor de quienes luchan por la vida es que la discusión se concentre en quién cobra y cuánto se recauda, en lugar de cómo hacemos para que haya menos personas heridas y muertas. En esta batalla, como en todas las batallas del socialismo, el centro es el pueblo, su bienestar y su derecho a la vida. ¡Que la discusión se eleve a la altura de la causa!