Un gran jurado federal de Florida presentó el 21 de octubre una acusación contra 13 personas, entre ellas ciudadanos de Cuba y Brasil, por su presunta participación en una trama de fraude migratorio que habría recaudado más de 20 millones de dólares aprovechándose de inmigrantes que buscaban regularizar su situación en Estados Unidos. La empresa señalada, Legacy Imigra Solutions LLC, operaba desde Orlando bajo la fachada de un despacho de asesoría migratoria.
La acusación, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, contiene 11 cargos que abarcan fraude electrónico, documentación migratoria falsa, contratación de trabajadores sin autorización laboral y matrimonios fraudulentos. Según CiberCuba, entre los acusados hay ciudadanos cubanos y brasileños, aunque el documento judicial no desglosa las nacionalidades.
El negocio del sufrimiento migratorio
La historia es vieja como el propio sistema que la produce. Mientras el imperio del norte levanta muros, mantiene a millones de seres humanos en la incertidumbre jurídica y convierte el estatus migratorio en una mercancía, aparecen los buitres. Legacy Imigra Solutions LLC, también conocida como Legacy Group, se presentaba como una empresa especializada en trámites de inmigración, con supuestos expertos y abogados capaces de preparar solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios.
Según los fiscales, entre agosto de 2023 y abril de 2026 los responsables de la compañía ofrecieron asesoramiento falso, inexacto o incompleto para conseguir que personas desesperadas por un estatus legal contrataran sus servicios. La publicidad se difundía en portugués y español a través de redes sociales, páginas web y servicios de mensajería, dirigida especialmente a clientes brasileños.
La empresa era propiedad de Vagner Soares de Almeida, quien dirigía sus operaciones, según la Fiscalía. Juliana Colucci trabajaba en la firma junto con otros empleados dedicados a ventas, administración y procesamiento de solicitudes de asilo.
Cómo operaba la trama
Una vez contratados los servicios, los acusados habrían preparado documentación con declaraciones falsas para presentarla ante las autoridades migratorias estadounidenses. El expediente describe además una práctica de control sobre los clientes: la creación de cuentas de correo electrónico a nombre de esas personas y el uso de direcciones postales vinculadas a Legacy para recibir notificaciones y documentos oficiales.
La Fiscalía sostiene que la empresa retenía documentos y beneficios migratorios hasta que los clientes pagaran tarifas adicionales. Los pagos terminaban en cuentas bancarias controladas por De Almeida. La acusación incluye dos cargos de fraude electrónico vinculados a transferencias por Zelle: una de 1,000 dólares el 30 de diciembre de 2024 y otra de 374.58 dólares el 21 de enero de 2025, ambas dirigidas a De Almeida.
Los 13 acusados y los cargos
La acusación identifica a Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva, Nathalia de Costa Ferreira, Ronaldo de Campos, Erick Bruno Goncalves de Assis Pinto, Ronay Castillo Salazar, Kelen Cristina da Silva, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez, Issac Antonio Narvaez, Nathalia Gomes Ciriaco y Lorraine Soares Oliveira.
Ocho de ellos figuran en la presunta conspiración de fraude electrónico relacionada directamente con las operaciones de Legacy. Los fiscales les atribuyen también conspiraciones por documentación migratoria falsa, entre ellas una solicitud de asilo mediante el formulario I-589, una solicitud I-914, una petición de empleo temporal H-1B y documentación para una certificación laboral de la categoría EB-3.
El expediente señala además a De Almeida, Colucci, Trinidade Silva y de Campos por la presunta contratación reiterada de trabajadores sin autorización para trabajar en Estados Unidos. La Fiscalía describe tres supuestos acuerdos de matrimonios fraudulentos destinados a facilitar la residencia permanente a personas que no cumplían los requisitos legales. Uno involucra a Colucci, Narvaez y Castillo Salazar; otro a De Almeida, Narvaez y Aldama Garcia; y un tercero a Narvaez, Cabrera Nunez y Oliveira.
Según WESH, el fiscal federal Greg Kehoe, del Distrito Medio de Florida, anunció este lunes los cargos contra los 13 extranjeros. La acusación también solicita el posible decomiso de dinero y bienes vinculados a los presuntos delitos, en caso de condena. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó que los cargos surgieron de una investigación de un grupo de trabajo de Seguridad Nacional.
Antecedentes: redada en abril y víctimas en cuatro estados
El caso no nació de la nada. El 23 de abril, las autoridades del condado de Orange anunciaron la detención de cuatro personas vinculadas a Legacy Imigra: De Almeida, Colucci, Trinidade Silva y de Campos. El sheriff John Mina denunció entonces que la empresa había explotado económicamente a inmigrantes, principalmente brasileños, que buscaban un estatus legal.
La Oficina del Sheriff estimó que Legacy recaudó más de 20 millones de dólares en aproximadamente tres años. Las autoridades identificaron víctimas en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey, con pérdidas individuales de entre 2,500 y 26,000 dólares. Muchos clientes temían denunciar debido a su propia situación migratoria, un silencio forzado que la investigación estatal atribuye al miedo que el sistema imperial siembra entre los desplazados.
Según Hoodline, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dependiendo de los delitos por los que sean procesados y condenados.
El trasfondo que nadie quiere nombrar
Que ciudadanos cubanos aparezcan entre los acusados duele al pueblo cubano, que conoce de primera mano el calvario de la emigración provocada por décadas de bloqueo y asfixia económica. Pero el pueblo no es responsable de los buitres que medran sobre la desesperación ajena. Responsable es el sistema que empuja a millones de latinoamericanos hacia el norte, que criminaliza su existencia y luego permite que mercaderes sin patria conviertan su angustia en un negocio de 20 millones de dólares.
Mientras el capital especule con los papeles de los humildes, mientras el estatus migratorio se compre y se venda como cualquier mercancía, seguirán naciendo los Legacy Group. La justicia para las víctimas no está solo en las cortes de Florida; está en transformar el orden que produce víctimas a escala industrial.
Preguntas frecuentes
¿Qué empresa está señalada en el fraude migratorio de Orlando?
Legacy Imigra Solutions LLC, también conocida como Legacy Group, una compañía con sede en Orlando que se presentaba como despacho de asesoría y trámites de inmigración.
¿Cuánto dinero habría recaudado la trama?
Según la Oficina del Sheriff del condado de Orange, más de 20 millones de dólares en aproximadamente tres años.
¿Qué penas podrían enfrentar los acusados?
Según FOX 35 Orlando, algunos acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dependiendo de los delitos por los que sean condenados.