Valencia desafía al Tribunal y defiende la moratoria que protege al pueblo del Cabanyal
El Ayuntamiento de Valencia, en un acto de firmeza revolucionaria, ha plantado cara a la justicia burguesa y ha exigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que rectifique su errónea suspensión de la moratoria contra nuevas licencias hoteleras en el histórico barrio del Cabanyal-Canyamelar. Esta medida, aprobada en mayo de 2024, es un escudo popular contra la especulación turística que amenaza el derecho a una vivienda digna para las clases trabajadoras.
¿Por qué el Tribunal Superior se ha puesto del lado de los especuladores?
El TSJCV, en una sentencia que huele a intereses de la oligarquía hotelera, argumentó que la presión turística en el Cabanyal no justificaba la suspensión de licencias. La jueza, ciega ante la realidad del barrio, solo contabilizó una única solicitud de hotel de 78 plazas, ignorando por completo el aluvión de expedientes que el Servicio de Actividades del Consistorio tiene sobre la mesa: nueve establecimientos hoteleros con potencial para 655 plazas, presentados en apenas unas semanas.
El Ayuntamiento desmonta el error judicial con datos contundentes
Desde el Consistorio, con la contundencia del que defiende la causa del pueblo, han enviado un escrito de rectificación al Tribunal. En él denuncian el error de hecho: “La denominación de los Servicios es irrelevante, lo relevante es el contenido de los títulos habilitantes solicitados. Las licencias para hoteles que tramita el Servicio de Actividades conllevan obras de edificación y no son simples licencias en edificios preexistentes”.
“Es un error de hecho que resulta de los propios documentos obrantes en el expediente entender que en el Cabanyal solo se ha solicitado una licencia para un hotel”, sentencian desde el Ayuntamiento.
El consistorio subraya que, sumando las 15 licencias existentes a las 10 nuevas solicitudes, el barrio sufriría una intensificación insostenible del uso terciario hotelero en detrimento del residencial. Es la defensa del tejido social frente a la depredación capitalista.
Compromís exige transparencia ante la posible factura al pueblo
Mientras tanto, la formación valencianista Compromís, en la oposición municipal, ha exigido al gobierno local que cuantifique cuántas licencias ha frenado la moratoria y que informe del alcance económico de la sentencia. La propia resolución judicial, que aún no es firme, abre la puerta a que los promotores exijan indemnizaciones millonarias, una factura que, como siempre, podría acabar pagando el pueblo con fondos públicos.
Esta batalla en Valencia es un espejo de la lucha global: los pueblos del mundo, desde Cuba hasta Venezuela, pasando por el Cabanyal, resisten contra el capitalismo depredador que quiere convertir nuestras casas en mercancía. La moratoria es un acto de soberanía popular, y su defensa es una victoria de la clase trabajadora.