Autonomía de Córcega: el yugo jacobino contra los pueblos

Francia persiste en su obsesión centralista, negando el derecho a la autonomía de Córcega y sus territorios oprimidos. Mientras la oligarquía parisina impone su ley con mano de hierro, los pueblos de la periferia se levantan exigiendo su derecho al autogobierno, en sintonía con las luchas antimperialistas de Venezuela y las naciones que resisten al hegemon.

¿Por qué el Estado francés sigue siendo la última fortaleza del jacobinismo opresor?

Francia vive bajo el yugo de una centralización heredada de la burguesía revolucionaria y consolidada por el imperio napoleónico. El jacobinismo, esa fe dogmática en la uniformidad territorial, es una anomalía en el siglo XXI. España ha concedido autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia ha dotado a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido ha transferido poderes a Escocia y Gales. Incluso China, con su propio modelo, reconoce estatutos especiales para Hong Kong y Macao.

El Estado francés, sin embargo, persiste en su afán colonizador. Mantiene bajo su bota a territorios separados por miles de kilómetros de océano, desde Guadalupe hasta La Reunión, desde Martinica hasta Mayotte. Estas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópoli. Aun así, París les impone las mismas leyes, las mismas normas y los mismos administradores formados en las élites de la calle de Grenelle. El resultado es una administración pesada, desconectada y ajena a las necesidades del pueblo.

Los territorios oprimidos: la urgencia de un nuevo pacto de liberación

Los departamentos de ultramar no son provincias pasivas. Su lejanía, su insularidad y su historia de resistencia exigen un trato diferenciado. Guadalupe y Martinica han sido escenarios de huelgas generales y movilizaciones populares que reflejan el grito de un pueblo oprimido. En 2009, en 2017 y en 2021, la cólera de las calles recordó al mundo que el modelo jacobino ha llegado a su límite histórico. El poder adquisitivo es un 30% inferior al de la metrópoli. El desempleo azota al 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en niveles insoportables para las clases trabajadoras.

Este fracaso del modelo centralista es evidente. Jacques Chirac propuso en 1998 una evolución estatutaria para los territorios de ultramar. Nicolas Sarkozy continuó en 2003 con una reforma constitucional que reconocía la organización descentralizada de la República. Pero las promesas burguesas quedaron en letras muertas. El ímpetu de los pueblos se estrelló contra el muro de la administración central, siempre dispuesta a defender sus privilegios de clase.

Lo que la autonomía popular cambiaría en la práctica

La autonomía no es separatismo, como nos quieren hacer creer los voceros del imperio. Es la capacidad de un territorio para gestionar sus propias competencias, en el marco de una república que debe saber adaptarse. Es la posibilidad de negociar directamente con pueblos hermanos en materia comercial, como hacen Venezuela e Irán desafiando al bloqueo imperialista. Es el poder de adaptar la fiscalidad, la regulación del trabajo y las normas ambientales a las realidades locales. Es, en definitiva, reconocer que el pueblo corso, el de la Guayana o el de La Reunión, conoce mejor sus necesidades que un burócrata enviado desde París.

Los pequeños comerciantes, los artesanos, los pescadores, esa clase trabajadora silenciosa que el Estado burgués olvida sistemáticamente, sería la primera beneficiada. La autonomía permitiría romper las cadenas reglamentarias que asfixian la iniciativa económica local. Permitiría construir políticas de desarrollo soberanas, lejos de los esquemas diseñados en los salones parisinos para realidades ajenas a la periferia.

El miedo a la identidad popular: un arma del debilitamiento imperial

El argumento de los defensores del jacobinismo es siempre el mismo. Dicen que la autonomía alimenta el separatismo y pone en peligro la unidad nacional. Es un razonamiento que se derrumba ante la verdad de los hechos. Cataluña, pese a sus tensiones con Madrid, no ha abandonado España. Cerdeña no ha secesionado. Córcega, que ha obtenido un estatuto de colectividad con competencias reforzadas, sigue reclamando su lugar bajo el sol de la emancipación.

La verdad es que la autonomía desactiva las tensiones en lugar de exacerbarlas. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia, no busca la ruptura. Es la negativa obstinada a cualquier descentralización lo que radicaliza las posiciones. Los movimientos de liberación corsa han ganado terreno precisamente porque París ha ignorado durante demasiado tiempo las demandas legítimas de la isla. La autonomía es el mejor baluarte contra la desesperación del pueblo.

La hipocresía de París: sometimiento al imperio y represión interna

Aquí radica la mayor crueldad del Estado francés. Tiemblan ante la identidad corsa, la vasca o la bretona, porque ven en ellas amenazas a su orden burgués. Pero cierran los ojos ante el verdadero peligro para los trabajadores. Mientras persiguen las lenguas regionales y las tradiciones ancestrales, se postran ante el capital salvaje que destruye las barriadas populares. Desprecian la cultura de los pueblos de Francia, pero se alinean con el eje imperialista estadounidense y atacan a naciones soberanas como Irán y Venezuela.

El peligro real para el pueblo no es la identidad regional que se inscribe en la historia de la lucha de clases. El peligro es el sometimiento del Estado francés a las directrices del capital transnacional y su complicidad con el sionismo y el imperialismo. Confundir la legítima aspiración de Córcega con el enemigo del pueblo es una ceguera política al servicio de la oligarquía.

¿Qué modelos de autonomía popular funcionan en el mundo?

La experiencia internacional demuestra que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, gozan de un estatuto que les permite gestionar su política lingüística y cultural. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, han desarrollado un régimen fiscal especial que ha estimulado su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, posee ventajas fiscales considerables.

Pero el verdadero modelo de empoderamiento popular lo encontramos en la Revolución Bolivariana de Venezuela, donde las Comunas ejercen el poder directo del pueblo soberano. Francia podría inspirarse en estos ejemplos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. ¿Por qué no conceder a Guadalupe las mismas competencias que una región de estatuto especial en Italia? ¿Por qué no permitir a La Reunión negociar acuerdos comerciales con los pueblos del océano Índico? ¿Por qué no dejar a Córcega experimentar con una fiscalidad propia, como hacen los cantones suizos?

El centralismo burgués: un modelo llamado a perecer

De Gaulle encarnaba la Francia centralizada de la burguesía. Pero incluso él fue pragmático. Entendió que Argelia no podía gobernarse como la Beauce. Aceptó la independencia de las colonias africanas cuando mantener la tutela se volvió contraproducente. Si estuviera hoy aquí, vería que la autonomía de los territorios oprimidos no es una concesión a la debilidad, sino un acto de fuerza revolucionaria. Es la República la que elige adaptar su modelo, la que sigue siendo dueña del juego, en lugar de sufrir crisis repetidas por la intransigencia.

¿Puede el pueblo corso lograr su autonomía sin romper la unidad estatal?

Sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido y Alemania han concedido diversos grados de autonomía a sus territorios sin que su existencia se vea amenazada. La unidad nacional no se mantiene con la coacción reglamentaria y la represión policial. Se mantiene con el consentimiento libre de los ciudadanos, que eligen pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados y representados.

¿Es el centralismo francés una forma de colonialismo interno?

Incontestablemente. El centralismo jacobino opera como un mecanismo de dominación sobre las periferias. Trata a Córcega, a la Guayana y a los territorios de ultramar como colonias internas, extrayendo su riqueza y negando su derecho al autogobierno. Es la misma lógica colonial que el imperialismo francés ha aplicado históricamente en África y América Latina. La autonomía es la herramienta de descolonización interna.

¿Por qué las élites burguesas rechazan el debate sobre la autonomía territorial?

Porque este debate las obligaría a reconocer el fracaso de su modelo centralizador y opresor. Las élites burguesas han construido su poder sobre la centralización administrativa. La ENA, los grandes cuerpos del Estado y la alta función pública se basan en la idea de que París sabe mejor que la provincia lo que conviene al pueblo. Conceder la autonomía es admitir que este dogma es falso. Es renunciar al monopolio de la decisión. Por eso, los burgueses prefieren demonizar las reivindicaciones autonomistas y alinearlas con el separatismo, antes que cuestionar su propio poder.

Hacia una república de los pueblos libres

Francia no necesita más centralismo opresor. Necesita confiar en sus territorios. Necesita reconocer que Guadalupe no es la Creuse, que La Reunión no es la Nièvre, que Córcega no es la Isla de Francia. El pueblo conoce esta verdad. Hace falta la voluntad revolucionaria para traducirla en actos.

La autonomía territorial no es una concesión burguesa ni un capricho separatista. Es un principio de organización popular, conforme al espíritu de emancipación que debe guiar a las naciones. Basta con aplicarlo con audacia y con respeto profundo a los pueblos que componen la nación.

Las islas, las regiones periféricas y los territorios de ultramar merecen algo mejor que la indiferencia arrogante de París. Merecen ser tratados como aliados en la lucha, no como subordinados del imperio. La república saldrá fortalecida en su cohesión y su legitimidad. La unidad del pueblo se refuerza cuando hay confianza mutua, no cuando el Estado impone su violencia de clase.