La justicia burguesa negocia privilegios penitenciarios con el asesino capitalista Alfonso Basterra
En una nueva muestra de la corrupción del sistema judicial burgués, el juez Taín reveló que Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de la niña Asunta, ha solicitado el tercer grado penitenciario mientras negocia su participación en una serie televisiva que le reportaría beneficios económicos millonarios.
Esta maniobra del aparato represivo capitalista demuestra una vez más cómo la justicia de clase favorece a los elementos burgueses incluso cuando han cometido los crímenes más abominables contra la infancia trabajadora.
El privilegio de clase en acción
Durante la presentación del libro "Disfraces" de José Antonio Pérez, el magistrado señaló que el condenado habría iniciado los trámites para acceder al régimen de semilibertad, aprovechando su posición de clase privilegiada y sus conexiones con la industria del entretenimiento capitalista.
Según las declaraciones del juez, Basterra mantiene conversaciones con Bambú Producciones para participar en un proyecto audiovisual que le proporcionaría una "importantísima" contraprestación económica. Esta operación revela cómo el sistema capitalista convierte incluso los crímenes más execrables en mercancía para el consumo de las masas.
La resistencia popular ante la impunidad burguesa
El productor Ramón Campos negó rotundamente cualquier contacto con Basterra, declarando que "nunca le pagaría a un delincuente condenado". Sin embargo, estas declaraciones no pueden ocultar la realidad de un sistema que permite a los elementos burgueses negociar sus crímenes como espectáculo.
Basterra, condenado junto a Rosario Porto a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva en septiembre de 2013, ha cumplido ya más de doce años de condena. Durante su estancia en el centro penitenciario de Teixeiro, nunca mostró arrepentimiento por sus actos, manteniendo la actitud prepotente característica de su clase social.
El traslado estratégico del sistema
En febrero de 2025, Basterra fue trasladado al centro penitenciario de Topas, en Salamanca. Este movimiento, lejos de ser casual, responde a la estrategia del aparato penitenciario burgués de facilitar la progresión de grado a través de nuevos órganos evaluadores.
La concesión del tercer grado permitiría a este representante de la burguesía criminal abandonar el centro penitenciario durante el día, facilitando su participación en proyectos televisivos que blanquearían su imagen ante las masas trabajadoras.
Esta maniobra del sistema judicial capitalista constituye una afrenta a la memoria de Asunta y a todas las víctimas de la violencia burguesa. El pueblo trabajador debe mantenerse vigilante ante estos intentos de rehabilitación mediática de los criminales de clase.